Abogados especialistas en concurso de acreedores
En Málaga cada años muchas empresas atraviesan dificultades financieras que las llevan a plantearse un concurso de acreedores. Nuestro despacho de abogados, como expertos en Derecho Mercantil, tiene amplia experiencia en este tipo de procedimientos.
Si tienes dudas, aquí te explicamos qué es un concurso de acreedores, cuáles son sus fases, y cómo podemos ayudar a un negocio como abogados durante todo el proceso. También aclararemos las diferencias con la Ley de Segunda Oportunidad (para evitar confusiones comunes.
¿Qué es un concurso de acreedores?
Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial diseñado para afrontar la insolvencia de una persona o empresa. Se inicia cuando el deudor no puede hacer frente a la totalidad de sus deudas y busca una solución ordenada para pagarlas (total o parcialmente) con la intervención de un juez. El objetivo principal es proteger tanto al deudor insolvente como a sus acreedores, ya sea mediante un acuerdo de reestructuración o, en último caso, liquidando el patrimonio para pagar a los acreedores de forma equitativa.
¿Quién puede solicitar el concurso? La solicitud puede presentarla voluntariamente el deudor (concurso voluntario) o bien impulsarla un acreedor u otro legitimado si el deudor no paga (concurso necesario).
En España, si una empresa es consciente de que ha caído en insolvencia, sus administradores están obligados a solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conocieron (o debieron conocer) su insolvencia. Cumplir con este plazo es importante para evitar sanciones: durante la fase final del concurso, un juez evaluará si la insolvencia fue fortuita o si hubo culpa grave por parte de los gestores (por ejemplo, por retrasar indebidamente la solicitud). En caso de considerarse “concurso culpable”, los administradores podrían enfrentar consecuencias como inhabilitación para administrar bienes ajenos o incluso responsabilidad personal sobre las deudas.
Por último, cabe destacar que el concurso de acreedores está regulado por la Ley Concursal (Texto Refundido 1/2020 y sus reformas posteriores). Esta ley establece el procedimiento unificado para situaciones de insolvencia en España, con el objetivo de tratar de salvar empresas viables o, en su defecto, liquidarlas de forma ordenada.
Fases del concurso de acreedores
La Ley Concursal prevé cuatro fases principales en un concurso de acreedores. No todos los concursos llegan a completar todas las fases (por ejemplo, si se alcanza un acuerdo temprano o si se concluye por falta de activo), pero típicamente un procedimiento concursal incluye:
Fase común
Comienza cuando el juez declara el concurso. En esta etapa se recopila toda la información financiera del deudor y se elabora un informe concursal detallado. Se designa un Administrador Concursal independiente, encargado de inventariar los bienes, derechos y deudas, y de elaborar la lista de acreedores con su clasificación legal. Además, se publica oficialmente la declaración del concurso en el Registro Público Concursal y boletines oficiales. Los acreedores disponen de un plazo para comunicar sus créditos. Una vez revisado e impugnado el informe, el juez concluye la fase común y abre la fase de convenio o, si no es viable, la de liquidación.
Fase de convenio
Su objetivo es mantener la actividad empresarial. Durante esta fase, el deudor y los acreedores negocian un acuerdo o convenio que puede incluir reducciones de deuda (quitas), plazos de pago más largos (esperas) u otras medidas de reestructuración. Si la propuesta obtiene las mayorías necesarias, el juez la aprueba y se convierte en vinculante para todos los acreedores. Cumplir con el convenio permite al deudor continuar su negocio de forma viable. Si no se alcanza un acuerdo, o si el convenio resulta inviable, el procedimiento avanza hacia la fase de liquidación.
Fase de liquidación
Se activa cuando no es posible alcanzar un convenio o este se incumple. En esta etapa se procede a vender los activos del deudor para pagar a los acreedores siguiendo el orden legal de prioridad. El Administrador Concursal asume la gestión de la empresa y elabora un plan de liquidación que el juez supervisa. Los bienes pueden venderse por partes o como unidad productiva para facilitar la continuidad del negocio bajo otra titularidad. Finalizada la liquidación, si el deudor es una sociedad, suele conllevar su disolución y cierre registral.
Fase de calificación
Es la fase final, aplicable cuando el concurso termina en liquidación o el convenio no se cumple. El juez analiza las causas de la insolvencia y la conducta de los administradores para determinar si fue fortuita o culpable. Si se califica como culpable, pueden imponerse sanciones graves, como la inhabilitación para administrar empresas o la obligación de responder con el patrimonio personal por las deudas no pagadas. Si se demuestra que no hubo dolo ni negligencia, el concurso se califica como fortuito y se cierra sin responsabilidades adicionales.
Diferencias con la Ley de Segunda Oportunidad
Es importante no confundir el concurso de acreedores con la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO). Aunque están relacionadas con la insolvencia, son procedimientos distintos. La diferencia más grande es a quién va dirigido cada mecanismo:
- El concurso de acreedores tradicional se aplica principalmente a personas jurídicas (empresas y sociedades). También existe concurso para personas físicas, pero hasta 2015 esa era la única opción legal para particulares insolventes.
- La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015 (Ley 25/2015 de 28 de julio), está pensada para personas físicas insolventes, incluyendo particulares y autónomos. Es decir, ofrece a individuos una vía específica para cancelar o renegociar sus deudas, diferente al concurso empresarial.
En realidad, la LSO introduce dentro de la Ley Concursal el concepto de exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), antes llamado BEPI (Beneficio de Exoneración). Este mecanismo permite que, tras liquidar su patrimonio en concurso, una persona física de buena fe pueda extinguir sus deudas pendientes y empezar de cero (segunda oportunidad). Las empresas, en cambio, no pueden obtener una “exoneración” similar: si una sociedad liquida y no puede pagar todo, simplemente se extingue y sus deudas impagadas se extinguen con ella (salvo responsabilidades de los administradores si fue culpable).
Ejemplos reales de empresas en concurso de acreedores
A continuación, explicamos tres casos recientes de empresas conocidas que han pasado por concurso de acreedores. Son ejemplos que han despertado mucho interés y que ilustran distintas circunstancias y resultados posibles:
Arriaga Asociados
Se trata de un conocido despacho de abogados especializado en reclamaciones bancarias. Paradójicamente, a finales de 2024 este bufete enfrentó problemas financieros serios debido a la acumulación de gastos y a retrasos en los cobros (provocados, entre otras cosas, por la ralentización judicial tras la pandemia y huelgas en los juzgados).
Arriaga Asociados se declaró en concurso de acreedores en enero de 2025, al no prosperar sus intentos de refinanciación previa. La deuda principal (unos 35 millones de euros con el fondo británico Pemberton) puso en jaque la continuidad del despacho.
Afortunadamente, en junio de 2025 anunciaron un acuerdo con Pemberton para saldar la deuda y aportar nuevos recursos, lo que les permitía encarar la fase final del concurso y mantener la actividad del bufete. Este caso muestra que un concurso bien llevado puede terminar con una solución de convenio: Arriaga logró un inversor que confía en su negocio, pagó a sus acreedores y salió del concurso, continuando su operativa normal.
Phoenix Seguridad
Es una empresa española de seguridad privada (vigilancia y servicios auxiliares) que en septiembre de 2025 presentó concurso voluntario de acreedores, afectando de lleno a sus aproximadamente 800 trabajadores en toda España. En este caso, la compañía alegó un problema sobrevenido: una deuda tributaria millonaria reclamada por Hacienda, originada por un tercero, que apareció de golpe en 2025 y asfixió su liquidez.
Según los sindicatos, Phoenix era una empresa aparentemente rentable (había cerrado 2024 con beneficios), por lo que achacan su insolvencia a ese hecho puntual y a la falta de flexibilidad de la Administración tributaria. Tras la declaración de concurso (tramitada por el Juzgado Mercantil nº2 de Barcelona), se dio a conocer que existía una oferta de compra de otra empresa del sector interesada en adquirir Phoenix como unidad productiva. Dicha oferta contemplaría mantener a la totalidad de la plantilla y continuar las operaciones, lo que sería la mejor salida posible.
Al momento de redactar este artículo (octubre de 2025), el concurso de Phoenix Seguridad está en desarrollo, con los sindicatos presionando para que el administrador concursal y el juez agilicen la operación de venta y garanticen los empleos. Este caso refleja cómo un concurso de acreedores puede ser una herramienta para intentar la continuidad mediante la venta a un tercero, incluso cuando sobreviene una crisis inesperada en una empresa aparentemente sólida.
Luanvi
La emblemática marca valenciana de ropa deportiva Luanvi también se vio abocada al concurso recientemente. En junio de 2025 Luanvi entró en concurso voluntario de acreedores tras acumular deudas superiores a 10 millones de euros. Esto se debió en buena a un desastre natural: la empresa sufrió graves inundaciones (DANA) en sus instalaciones en septiembre de 2024, que dañaron su stock y paralizaron su actividad comercial durante mucho tiempo.
Este golpe, sumado a otros problemas financieros, llevó a que la compañía tuviera que buscar la protección concursal como último recurso. Pese a lo complicado del panorama, Luanvi manifestó su intención de seguir adelante: el concurso se planteó como un paréntesis para reestructurar deudas, conseguir inversores y reactivar la empresa. De hecho, pocos meses después surgió una oferta de compra por parte del grupo empresarial Torqueva, con aval judicial, orientada a inyectar capital y relanzar la marca. Sin embargo, esta propuesta generó polémica porque implicaba recortar más de la mitad de la plantilla.
Al final, Luanvi logró esquivar el cierre mediante un acuerdo de licencia y distribución con otra firma (Revolution Sport), manteniendo operativa la marca aunque reduciendo su estructura. Este ejemplo muestra las dificultades de una empresa mediana para sobrevivir tras un desastre imprevisto, y cómo el concurso de acreedores sirvió para ganar tiempo y buscar soluciones.
El papel del abogado especialista durante el proceso
El concurso de acreedores es un procedimiento complejo que requiere la intervención de un abogado experto en Derecho Concursal. Su papel resulta clave para guiar al empresario o autónomo en cada etapa y proteger sus intereses frente a acreedores y administraciones.
En la fase preventiva, el abogado analiza la situación económica de la empresa, propone alternativas (como refinanciaciones o acuerdos extrajudiciales) y, si es necesario, prepara la comunicación de apertura de negociaciones preconcursales, ganando tiempo antes de la declaración de concurso.
Durante la preparación del concurso, el abogado recopila la documentación exigida por ley —memoria económica, inventario de bienes, lista de acreedores— y presenta la solicitud ante el juzgado mercantil competente, asegurando que el proceso se inicie correctamente.
En la fase común, representa al cliente ante el Administrador Concursal y el juzgado, revisa el informe concursal y defiende los derechos del deudor o del acreedor. Posteriormente, en la fase de convenio, negocia las mejores condiciones posibles con los acreedores. Busca reducciones de deuda, ampliaciones de plazo o incluso la entrada de nuevos inversores.
Si no se logra un acuerdo, el abogado gestiona la liquidación ordenada de los activos, asesorando sobre despidos, resoluciones contractuales y pagos prioritarios para minimizar los riesgos de los administradores.
Finalmente, en la fase de calificación, defiende al empresario frente a posibles acusaciones de mala gestión o dolo, acreditando que la insolvencia fue fortuita y evitando sanciones personales.
En Maribel Luna Abogados, contamos con amplia experiencia en concursos de acreedores en Marbella y toda la provincia de Málaga. Ofrecemos un acompañamiento jurídico integral, garantizando seguridad y tranquilidad en un proceso tan delicado.